por Bernardo Álvarez del Castillo Varga
imágenes de Francisco Mata Rosas
El anuncio de una nueva reforma electoral en México ha desatado un debate que atraviesa al ámbito político, el social y el académico. Esta propuesta se perfila como una oportunidad clave para modernizar y reestructurar el sistema electoral mexicano, aunque también abre preguntas sobre sus efectos en la democracia, la representación política y el equilibrio de poderes.
“Un buen gobierno solamente puede existir
cuando hay buenos ciudadanos”.
Francisco I. Madero
Al momento de escribir el presente artículo, de acuerdo con una encuesta de Enkoll para EL PAÍS, 63% de los mexicanos consultados considera que es “necesaria” una reforma político electoral en México. Me hizo recordar la “necesaria” reforma electoral de Madero en 1911 que fue un parteaguas en la consolidación de aquel Sistema de Gobierno y Estado mexicano. La ley de 1911 sentó las bases para organizar las elecciones federales, la expedición de credenciales y la elección de representantes populares.
La Comisión Presidencial y el contexto actual
A más de 110 años, hoy el gobierno federal anuncia la creación e instalación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (CPRE), liderada por Pablo Gómez. El anuncio de una nueva reforma electoral en México, enciende los ánimos parlamentarios, los motores partidistas opositores y ha generado un intenso debate en el ámbito político, social y académico del país. En mi opinión, esta reforma se presenta como una oportunidad crucial para reestructurar y modernizar el sistema electoral mexicano, pero también plantea importantes interrogantes sobre su impacto en la democracia, la representación política y el equilibrio de poderes.
Es una gran oportunidad para abordar los retos que enfrenta nuestro país en cuanto a la legitimidad de sus instituciones y la eficacia de sus procesos electorales. Pero, es necesario reflexionar sobre las lecciones de las reformas del pasado y la verdadera oportunidad que tenemos para cambiar el sistema político actual, desgastado en algunos de sus puntos medulares.
A lo largo de la historia reciente, México ha experimentado varias reformas que han buscado mejorar la transparencia, la equidad y la participación en los procesos electorales. En términos generales se han aprobado reformas electorales en 1946, 1962, 1977, 1990, 1993, 2008 y 2014, pero a partir de 1977 se han aprobado reformas que han tenido impacto en las instituciones electorales encargadas de organizar las elecciones, más no respecto del sistema político y su conformación y entorno.
Hoy, nos encontramos frente a una nueva reforma electoral. Por ello, en octubre de 2025 iniciaron consultas, foros y mesas de discusión, con la participación libre y plural de organizaciones civiles, partidos, comunidades indígenas, académicos, legisladores y ciudadanía en general.
La CPRE anunció que los temas clave en debate serían: financiamiento de partidos, régimen de partidos y representación política, voto electrónico, recursos para campañas, representación proporcional, e instituciones electorales y funcionamiento.
Modernización tecnológica y voto electrónico
Luego entonces, la próxima e inminente reforma electoral presenta una oportunidad única para fortalecer la democracia, además de blindar la seguridad en los procesos electorales.
A manera de reflexión, sería una buena oportunidad para debatir, por un lado, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas por medio de mecanismos más claros para fiscalizar el gasto de campañas y financiamiento de partidos.
Por otro lado, discutir sobre la modernización de los procesos electorales: implementar tecnologías y sistemas digitales puede agilizar la organización de las elecciones, reducir errores y facilitar la participación ciudadana. Miremos otros sistemas electorales que ya manejan el voto anticipado y las urnas electrónicas.
Estados Unidos, Canadá y Australia, entre muchos otros países del mundo, permiten el voto anticipado para garantizar la participación de aquellos electores que tengan dificultades para votar en el día o que residan en zonas remotas. Por su parte, Brasil, India y Estonia, entre otros, utilizan la votación electrónica para reducir el fraude, eficientar procesos y acelerar la transmisión de resultados. Estos ejemplos muestran cómo se han adoptado tecnologías y mecanismos para facilitar la participación electoral; México no debería desaprovechar esta oportunidad.
[…] la próxima e inminente reforma electoral presenta una oportunidad única para fortalecer la democracia, además de blindar la seguridad en los procesos electorales.
Instituciones autónomas y fiscalización
Por otro lado, si bien una sólida reforma electoral debe tener el potencial de optimizar ciertos aspectos del sistema electoral mexicano, México (y los mexicanos) debe ser cauteloso en su implementación. Por un lado, debemos asegurar que la reforma electoral no socave la independencia del Instituto Nacional Electoral y, en cambio, lo fortalezca en su labor y en la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. En este sentido, la CPRE tiene la responsabilidad de escuchar a todos los actores involucrados, desde los partidos políticos hasta las organizaciones de la sociedad civil, para lograr un consenso amplio y garantizar la legitimidad del proceso de reforma.
Debemos aprovechar esta reforma electoral para revisar y poner atención en los temas de gran calado e impacto: la transparencia en el financiamiento electoral y la supervisión de los recursos públicos utilizados en las campañas políticas, por mencionar algunos. Es indispensable implementar medidas más estrictas de fiscalización para evitar el uso ilícito de los recursos en beneficio de partidos políticos o candidatos, uno de los problemas más persistentes en la política mexicana.
Hacia una mayor participación ciudadana
Ahora bien, una oportunidad importante es fortalecer la participación ciudadana. En las últimas décadas, en México la participación electoral ha sido baja en muchas elecciones intermedias, lo que refleja un desinterés de la población por un sistema que aún no ha logrado dar respuestas satisfactorias a las demandas de la población.
Para ello, sería beneficioso incorporar mecanismos de democracia directa, que permitan a los ciudadanos tener una mayor influencia. El sistema político mexicano actual sigue siendo vulnerable a las influencias externas, a la corrupción y a las disparidades de poder entre los actores políticos. La reforma podría ser el inicio de un proceso más amplio de transformación política que reforme las instituciones políticas en general. Una verdadera reforma política en México no debe limitarse a cambios electorales superficiales, sino que debe implicar una revisión integral de las estructuras de poder, del financiamiento público y privado en la política mexicana, así como de las instituciones que gestionan el sistema judicial y de seguridad. La creación de una política pública que promueva la equidad social, el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana es clave para avanzar en la consolidación de un sistema más justo y menos vulnerable a los intereses personales y grupales.
México tiene una oportunidad única para cambiar de manera profunda y duradera. La anunciada reforma electoral debe ser solo el primer paso hacia un sistema más democrático y transparente, en el que la ciudadanía sea el actor principal, y las instituciones estén alineadas con las necesidades y expectativas de la sociedad.
Solo con un enfoque integral y un compromiso real con la justicia social y la equidad política, México podrá superar los desafíos de la ciberdelincuencia electoral y los viejos vicios del sistema político, abriendo paso a una democracia más robusta y genuina. En definitiva, es el momento: México lo vale.
Debemos aprovechar esta reforma electoral para revisar y poner atención en los temas de gran calado e impacto: la transparencia en el financiamiento electoral y la supervisión de los recursos públicos utilizados en las campañas políticas […].
Todas las imágenes son de Francisco Mata Rosas y pertenecen a las series: México Tenochtitlan, Existo porque resisto y ¡Un viaje!
Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Constitucional en Universidad Humanitas (México) y Chief Compliance Officer de Grupo Expansión.
