El derecho no puede ni debe ser comprendido como un conjunto de leyes, sino como un modelo normativo inspirado en derechos humanos mínimos de las personas que integran una sociedad, reconocidos por el Estado. Todos son relativos porque tienen límites y no son absolutos, salvo la dignidad, que debe prevalecer aun en supuestos de excepción, como la figura jurídica de la prisión, independientemente de que sea preventiva o punitiva.

Los operadores del Derecho Penal deben privilegiar el respeto a los Derechos Humanos de todas las partes, sobre todo de las víctimas o imputados. Aunque el Derecho Penal se considera de ultima ratio cuando las demás ramas del derecho no pueden resolver conflictos, su ejercicio debe estar inspirado en criterios de probidad, integridad, legalidad y hasta profesionalismo de quienes integran el quehacer jurídico diario. 

El fin más importante del Sistema de Justicia Penal Oral y Acusatorio, según ordena el numeral 20 constitucional inciso A fracción I, es esclarecer los hechos, proteger al inocente, eliminar la impunidad y reparar el daño a la víctima del delito.

Aunque existen diversas generaciones de Derechos Humanos, la más importante es la primera que consagra los derechos civiles y políticos e integra la dignidad, la libertad y la igualdad. De estos tres derechos, el único que se define como absoluto es la dignidad, pues aun cuando una persona se encuentra privada de la libertad, debe gozar un mínimo de derechos humanos, como lo consagra el 18 de la Carta Magna: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.

Es importante señalar que los futuros operadores del sistema de justicia, quienes pueden aún encontrarse en las aulas, no conocen de las inercias negativas, vicios arraigados y perversiones del sistema anterior que se denominaba inquisitivo mixto y que a partir de 2016 fue sustituido por un Sistema Penal Oral y Acusatorio. En esencia este sistema debe buscar que la inspiración de quienes participan en el quehacer jurídico penal, tenga como eje rector conocer la verdad jurídico-científica de los hechos, pues la verdad histórica queda exclusivamente reservada para la víctima y el victimario.

Los testigos, que no son ni siquiera sujetos procesales, deben narrar en forma lisa y llana, así como espontánea, cómo percibieron los hechos, es decir, mediante sus propios sentidos, por lo que pueden existir variaciones en la forma pero no en el fondo, donde debe existir concordancia entre los atestes, aun cuando su descripción no sea la misma.

Nuestra ley adjetiva, a saber, el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer parámetros mínimos precisamente para el Procedimiento Penal en su conjunto, sin embargo, es claro y axiomático que ante cualquier formalismo debe anteponerse la solución de conflictos como lo establece la propia ley suprema en su ordinal 17 párrafo tercero: 

Las nuevas generaciones de abogados deben estar inspiradas para que el derecho sea asequible a todos, es decir comprendido por todos los ciudadanos que no son desde luego órganos técnicos, pues entre más sencillo sea un sistema de justicia, más transparente y menos susceptible será de la corrupción, que es el verdadero cáncer de un Estado de Derecho y en general de una Nación […].

Carlos Estévez, El tiempo de vida de los recuerdos, 2018. Cortesía del artista y Pan American Art Project.

 Carlos Estévez, La danza del poder, 2015. Cortesía del artista y Pan American Art Project.

La cultura de la legalidad y su práctica cotidiana por parte de todos quienes intervienen en el ámbito procesal penal, contribuirá activamente al Estado de Derecho, en la inteligencia de que la cultura de la simulación es en sí incultura de la ilegalidad. Por eso, se reconoce plenamente la aportación a la democracia efectiva de aquellos que mediante gran valor desafían a un sistema imperante, por lo cual independientemente de que sea autoridad ministerial, judicial, defensor, o asesor jurídico, pasarán a la historia como democratizadores del derecho y firmes contribuyentes a la paz y tranquilidad social.

La inspiración de quienes trascienden por salvaguardar los Derechos Humanos debe servir como guía ética para el desarrollo de las labores de todos los que están inmersos en la procuración e impartición de justicia, pues el sistema no fue diseñado para satisfacer y complacer a las partes, sino para garantizar un acceso efectivo a la justicia, en virtud de ser una facultad exclusiva de los jueces y magistrados administrar justicia en términos de lo previsto por el artículo 21 constitucional.  

 Carlos Estévez, The Doors of Immensity (Las puertas de la inmensidad), 2021. Cortesía del artista y Pan American Art Project.

 Carlos Estévez, Los recuerdos del tiempo de vida, 2018. Cortesía del artista y Pan American Art Project.