Presumiblemente, la legislación debe reflejar los usos y las costumbres de la sociedad en un determinado momento. De manera general, la realidad va más aprisa que el trabajo de los legisladores. Ejemplo de esto es la rápida evolución del entorno digital y las lagunas legales que se dan como consecuencia de esta evolución.

Contrario a lo que se piensa, el entorno digital ya está regulado. No es tierra de nadie. Esto se debe a que la ley tiene un principio de neutralidad tecnológica, es decir, regula conductas no medios, y como tal, lo que aplica al entorno físico, lo hace, también, al entorno digital con las contadas excepciones que generan las lagunas de las que hablo.

Aquí comenzamos a ver cómo existe un divorcio entre la ley y la realidad, entre el ser y el deber ser, aunque no sólo en este ámbito y a este nivel. Tenemos ejemplos más claros y de consecuencias mayores.

Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la salud o a una vivienda digna. En ambos casos se trata de derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución. No obstante, la mayor parte de los mexicanos no cuenta con acceso a la salud ni posee una vivienda digna.

Establecer derechos, aun cuando los garantice el Estado, no equivale a tener la capacidad de dotar, de manera efectiva, a las personas en México de los bienes jurídicos tutelados. De esta manera, se hace más evidente aún el divorcio entre lo que establece la ley y lo que la realidad nos entrega.

La legislación no opera de manera automática. El legislador no es mago. Para que los derechos que se garantizan en la Constitución y otras leyes se vean implementados y puedan ejercerse de manera efectiva, hace falta mucho más que la simple declaración o reconocimiento de su existencia.

Pensemos ahora en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En un país como México, en donde la tasa de feminicidios crece de manera sostenida y en donde un alto porcentaje de mujeres sufre violencia de diferente naturaleza, la legislación mencionada no pasa de ser una declaración aspiracional.

¿Qué tenemos que hacer para acortar la distancia entre el ser y el deber ser? No creo que haya una sola respuesta correcta a esta pregunta. Las perspectivas y los acercamientos son variados y los resultados que se pueden obtener con cada uno, también.

Un camino posible parte de fomentar una democracia participativa, en contraste con la representativa. Es decir, promover la formación de leyes mediante mecanismos que garanticen que los afectados o interesados sean escuchados y tomados en cuenta. Esto tendrá como consecuencia un proceso legislativo más robusto y eficiente en cuanto a los resultados producidos.

[…] promover la formación de leyes mediante mecanismos que garanticen que los afectados o interesados sean escuchados y tomados en cuenta. 

Rachel Whiteread, Untitled (Ink and collage on graph paper) [Sin título (Tinta y collage sobre papel cuadriculado)], 2004. © Rachel Whiteread. Cortesía de Gagosian.

Rachel Whiteread, Untitled (Postcard with punched holes, Signed and dated, verso) [Sin título; Postal con agujeros perforados, firmada y fechada, reverso)], 2005. © Rachel Whiteread. Cortesía de la artista.

Lo anterior no supone que los diálogos establecidos a la hora de formar leyes deban poner de acuerdo a aquellas partes que puedan encontrarse en los extremos o con intereses opuestos. Lo que quiere decir es que el legislador podrá tener una visión amplia y diversa en torno a los posibles impactos que la legislación que plantea puede llegar a tener, abriendo la puerta a una mejor forma de legislar y un mecanismo que mitigue riesgos o consecuencias no deseadas.

Por ejemplo, con la ley para impedir la comercialización de plásticos de un solo uso se tuvo una buena intención y fue planteada desde una perspectiva ecologista. No obstante, el legislador no previó efectos que hoy comenzamos a ver en la aplicación de la ley. Nuevamente, las mujeres se han visto afectadas con la entrada en vigor de esta ley al impactar la venta y distribución de artículos de higiene femenina.

Si en el proceso legislativo se hubiera establecido un diálogo abierto, inclusivo y diverso, se podrían haber previsto estas consecuencias y haber establecido excepciones que impidieran los impactos negativos ocasionados por la aplicación de la ley y permitir cumplir el objetivo de proteger la ecología.

En la medida en que los legisladores se acerquen a la ciudadanía y que la ciudadanía exija espacios de participación abierta, inclusiva y diversa, podremos acortar la distancia entre la ley y la realidad. 

Rachel Whiteread, Monument (Monumento), 2001. © Rachel Whiteread. Cortesía de Gagosian.