Todo empezó en abril de este año, cuando la Fiscalía de Guatemala junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, creada por la ONU en 2006, entregaron una lista de acusaciones por involucramiento en una red de fraude aduanero conocida como La línea, que remitía directamente a los más altos mandos del gobierno de ese país. Por las mismas fechas, en las redes sociales comenzó a gestarse un movimiento civil llamado #JusticiaYa que en muy pocos días logró reunir a miles de guatemaltecos que salieron a las calles denunciando la corrupción en su país y exigiendo justicia. Tan solo unos días después de que se diera a conocer el caso La línea, la vicepresidenta, Roxana Baldetti, se vio obligada a renunciar a su cargo debido a los abrumantes vínculos que le involucraban en la trama. En ese momento la historia del país centroamericano viró hacia otro lado.

Finalmente, el 21 de agosto pasado, la CICIG presentó evidencia que señalaba directamente al expresidente como uno de los principales líderes de la red fraudulenta. Al día siguiente, la sociedad salió a la calles a exigir la renuncia del mandatario. El 1 de septiembre el general Pérez Molina fue desaforado por el Congreso de Guatemala con 132 votos a favor. Una semana después el juez Miguel Ángel Gálvez encontró indicios suficientes para acusar a Pérez Molina de tres delitos: asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, y decidió enviarlo a prisión preventiva para evitar obstaculizaciones a la verdad durante los 3 meses que durará el proceso de investigación en contra de los posibles involucrados. En diciembre será la próxima audiencia de Pérez Molina.

Caso La línea

Se conoce a La línea como una red sofisticada de contrabando en las aduanas guatemaltecas, la cual operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria de este país, a cargo de Juan Carlos Monzón. Aparentemente esta red llevaba a cabo actividades de defraudación presupuestaria, lavado de dinero y contrabando en las principales aduanas de Guatemala. La línea acordaba con sus “clientes”, importadores de todo tipo de productos, el pago a la SAT del 40% del importe aduanal reglamentario establecidos en la Ley Nacional de Aduanas, el 30% lo pagaba como soborno a los miembros de la red, y el 30% restante se lo ahorraba. Bajo estas transacciones el Estado perdía 60% de la recaudación.

Estos negocios, pactados vía telefónica (por eso, La línea), se sospecha se concretaron con aproximadamente 1000 empresas, algunas de ellas mexicanas, y que generaron alrededor de 8.5 millones de quetzales (3.6 millones de dólares), desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 16 de abril de 2015 para los miembros.

Hasta hoy, los principales implicados en esta red fraudulenta son el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y su exsecretario privado, Juan Carlos Mon- zón. Los tres presos y esperando sentencia.

A pesar de que el caso guatemalteco es sin duda un ejemplo de ejercicio de justicia y organización social, no solo para Latinoamérica, también para el mundo, es importante tomar en cuenta que la destitución de los más altos mandos gubernamentales no es la última solución al problema. Hoy día Guatemala se enfrenta al enorme desafío de romper con una red de corrupción mucho más profunda, pero sobre todo de trabajo colectivo y social para no quitar el dedo del renglón y trabajar en la reinvención justa y democrática de su propio futuro.

Arjuno3, Candidato Otto Pérez, 2007.        

Fotografías de la manifestación: Oliver de Ros, Manifestación #JusticiaYa, 2015. Cortesía de Publinews/ Oliver de Ros. 

Referencias:

http://internacional.elpais.com/internacion- al/2015/09/05/actualidad/1441477201_376766.html. En activo. 14 de octubre 2015

http://www.prensalibre.com/guatemala/decision-libre-2015/perez-molina-conoce-hoy-su-futuro-juridico. En activo. 14 de octubre 2015

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Andrea Bravo Echenique es gestora cultural y Coordinadora Editorial de la revista Capitel.