¿Sabías que hace 13 años México modificó la Constitución para que los ciudadanos tengamos derecho a un medioambiente adecuado. Esta modificación impactó al juicio de amparo para permitir que más personas pudieran acceder a la reparación, suspensión o anulación de un acto por parte de la autoridad gubernamental?

Consecuencias beneficiosas para su eficacia y garantía jurídica
Vamos por partes. Primero, México se incorporó a la tendencia mundial al dar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos rango constitucional, el más alto en todo el sistema jurídico.

Se estableció el principio pro persona, esto es, siempre que se deba interpretar una disposición, deberá hacerse de la manera más favorable para los individuos.

Se reconoció la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de estos derechos. Y se estableció que todas las autoridades son responsables de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas. 

Segundo, nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio climático por su posición geográfica y las autoridades nacionales e internacionales lo reconocen: 

• El Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) clasificó a 20% de los municipios del país (2 mil 456) como de muy alta o alta vulnerabilidad. 
• El Banco Mundial y la OCDE estiman que siete de cada diez personas en México están en riesgo, con pérdidas que llegarían a costar hasta 71% del PIB. 

Tercero, en noviembre de 2020 el Senado ratificó el Acuerdo de Escazú y lo publicó en el Diario Oficial de la Federación un mes después. Esto significa que dicho instrumento es una norma con rango constitucional a partir del 22 de abril de 2021. 

La ratificación del Acuerdo de Escazú se traduce en que podemos demandar que se respete: 

1. Derecho al acceso a la información ambiental. Las autoridades deben entregar la información técnica, social y ambiental de cualquier proyecto que pudiera llegar afectar el medioambiente. Lo innovador es que se trata de un derecho proactivo, por lo que la información debe ser accesible y oportuna desde el momento en que se genera. 
2. Participación pública en los procesos de toma de decisiones, incluido el diseño de normas y políticas. Con el reconocimiento de este derecho se crea la obligación del Estado de generar espacios de participación que se adecuen a la realidad de las comunidades. Este derecho incluye el derecho a la consulta previa, libre e informada. 
3. Derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. El acceso a la justicia ambiental está garantizado en México por los artículos 1 y 4 constitucionales. La jurisprudencia de los tribunales colegiados prevé que “el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medioambiente y crear entornos propicios para ese efecto”.
4. Protección a los defensores de derechos humanos. Un tema crítico para México en un contexto de violencia generalizada y violaciones de derechos humanos. Ocupamos el cuarto lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos. 

[…] nuestro país es uno de los más vulnerables al cambio climático por su posición geográfica y las autoridades nacionales e internacionales lo reconocen […].

Minerva Cuevas, Richfield Group, 2022. Cortesía de la artista y kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York. Fotografía de Gerardo Landa Rojano.

Minerva Cuevas, Quaker Group, 2022. Cortesía de la artista y kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York. Fotografía de Gerardo Landa Rojano.

Minerva Cuevas, Seascape (Vista marina) de la serie Hidrocarburos, 2014. Cortesía de la artista y kurimanzutto, Ciudad de México.

Este acuerdo ya ha sido invocado en distintos litigios, lo que nos lleva al siguiente punto, la justicia climática en México. 

Cuarto, la justicia climática busca proteger a los más vulnerables de los efectos del cambio climático mediante estrategias de mitigación y de adaptación desde aquí, el contexto, que visibiliza cuestiones de vida o muerte.

Y aquí la importancia de nuestro marco jurídico con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de hace 13 años, en la que se puso a las personas y al medioambiente, en el centro de la justicia.

Gracias a esta reforma el amparo es un medio de defensa de los derechos previstos no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, como nuestro derecho a la participación. 

Además, se incluyó el interés legítimo que ha sido clave para proteger el medioambiente porque ha permitido que algunas ONG, como Greenpeace, o la Escuela Libre de Derecho, presenten juicios de amparo. 

¡A la Corte! Esta reforma ha permitido que los llamados litigios estratégicos o climáticos estén en boga en México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en próximas fechas, respecto de las facultades de las organizaciones de la sociedad civil para presentar asuntos con base en el Acuerdo de Escazú. 

Este caso no es sencillo y podría ser el primero en llevarse a tribunales internacionales, habrá que darle seguimiento.  

Minerva Cuevas, Marine (Marina), 2014. Cortesía de la artista y kurimanzutto, Ciudad de México. Fotografía de Estudio Michel Zabé.