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Educación y justicia social: un dilema entre la desigualdad y la igualdad de oportunidades en América Latina

El tema de educación está profundamente vinculado a la idea de justicia e igualdad social, sin embargo, esta relación se ha ido construyendo y modificando a través del tiempo dependiendo de los contextos económicos, políticos y sociales de cada país. Reflexionemos críticamente sobre la relación entre estos conceptos, sus potenciales y límites en la construcción de la justicia social en Latinoamérica.

Por Margarita Mata Acosta y Mónica Lozano Medina

En el siglo XXI en donde la población de jóvenes que demandará educación va en aumento, no solo en México sino en toda América Latina, reflexionar sobre lo que implica la justicia desde la contribución educativa, resulta no solo pertinente, sino obligado a fin de dimensionar y comprender mejor la igualdad social que se perfila en los proyectos y programas educativos puestos en marcha como políticas educativas en toda la región y orientar el sentido de la práctica educativa concreta.

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un aspecto característico de la pobreza en América Latina es su elevada incidencia entre los grupos más jóvenes de la población en comparación con los grupos de mayor edad(1),  al tiempo que se reconoce a la educación como un instrumento importante en la generación de oportunidades sociales y sobre todo económicas de las personas; situación que ha llevado a que se incorpore la igualdad social como un tema relevante en diversos estudios e investigaciones sobre educación.

“La educación no puede por sí sola modificar las condiciones sociales de un país.”

Es necesario señalar, que si bien existe una tendencia recurrente por vincular educación con igualdad social, partimos por reconocer que la educación no puede por sí sola modificar las condiciones sociales de un país o un grupo de población, si no se cuenta con la contribución de otros muy diversos factores, como son el económico, el político, el social. Es decir, la posibilidad de modificar o incidir en construir una sociedad más justa únicamente desde la educación es limitada y requiere de la contribución de otras instituciones y actores políticos.

No resulta sencillo dar una definición de desigualdad e igualdad educativa que resulte del todo clara, así cuando se habla de desigualdad educativa, es necesario identificar si esta se relaciona a la desigualdad entre hombres y mujeres, entre zonas urbanas, conurbanas o comunidades indígenas, en cuanto a la igualdad se requiere precisar si se hace referencia a la igualdad de recursos o de oportunidades; de procesos o de resultados; de partida o de llegada.

Ambos conceptos son ante todo una construcción social, que durante su historicidad se entretejen a través de numerosos factores que se alimentan y retroalimentan a partir de diversas esferas; la económica, la política, la cultural, entre otros.

Por ejemplo, antes del siglo XIX la educación escolar era diferente para distintos grupos, es decir, no se contemplaba que todos los niños y niñas asistieran a la escuela como factor de igualdad. Porque las y los hijos de las clases más favorecidas, contaban con tutores o mentores que los formaban en los espacios familiares; y los hijos de los grupos menos favorecidos, no se planteaban asistir a la escuela, pues no requerían de esta para incorporarse y laborar en los espacios básicamente familiares, artesanales y agrícolas.

No fue sino hasta el siglo XIX que la escuela comenzó a perfilarse como la institución que podría impulsar el desarrollo de una nación a través del desarrollo de sus individuos preparados en los conocimientos necesarios para el progreso del país y el ejercicio cabal de la ciudadanía.

De esta forma, la escuela como la conocemos actualmente, nació con ciertas dimensiones meritocráticas sobre una concepción de igualdad en la construcción de las naciones y el impulso del estado moderno, que aceptó un educación que reforzaba las diferencias entre distintos grupos sociales a partir de políticas y programas educativos que en ocasiones eran un discurso político, más que una posibilidad real de justicia.

A mediados del siglo XX en términos generales en toda América Latina, ante un crecimiento más o menos apreciable de carácter económico, se originó una expansión escolar que redefinió el papel de la escuela y de la educación. Es decir, se consideró a la educación escolar una alternativa para erradicar la ignorancia, el analfabetismo y con ello superar el atraso social, ampliando en consecuencia el acceso y la cobertura principalmente de la educación básica. En este trayecto se inició con el enfoque de cobertura en infraestructura, posteriormente se abordó el asunto de la cobertura desde la clase social, en los años setenta le continuó el tema de la incorporación de las mujeres, y para los ochenta siguió la atención a los grupos étnicos. Estas amplias diferenciaciones de la forma de otorgar educación han venido preparando la aceptación de una diferenciación en las formas de proporcionar educación buscando romper con las jerarquías económicas, sociales y políticas que se expresan socialmente. La atención a personas con capacidades diferentes se ha incorporado de manera reciente y enfrentan todavía un trato segregado. De esta manera es que hablar de igualdad encuentra variantes en los discursos legitimadores a lo largo de la historia y en diferentes sociedades y sus gobiernos.

Así, en América Latina las políticas educativas han pasado de atender la desigualdad entendida únicamente como un problema de demanda y cobertura, y su correspondiente dotación de infraestructura, a políticas que reconocen las particularidades individuales, colocando a la educación como una palanca importante de impulso a mitigar las desigualdades. De ahí las políticas compensatorias que se plantean en diversos países, sin embargo, si bien la escuela ha sido y es un instrumento en la búsqueda de la igualdad social, las políticas y programas educativos en ocasiones no dejan de ser un paliativo, más que una posibilidad real de justicia. En cuanto a la práctica concreta, los docentes no requieren inventar nuevos criterios de justicia, si no buscar evitar todo tipo de exclusión.

IMÁGENES: La Escuela Santa Elena de Piedritas, de Elizabeth Añaños + Carlos Restrepo, es un proyecto arquitectónico que busca romper con las jerarquías económicas, sociales y políticas en una región desértica de Perú.


1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2014, (LC/G.2635-P), Santiago de Chile, 2014. “La tasa de pobreza de los menores de 15 años equivale a 8 veces la de los mayores de 55 años en el Uruguay, 5,5 veces en el Brasil, 5,1 veces en la Argentina y 2,9 veces en Chile. Por otra parte, en los países del resto de América Latina esta relación es inferior al promedio regional, aunque en Colombia, México, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de), la pobreza entre los menores de 15 años es más del doble de la pobreza en el grupo de mayor edad”. Pág. 71


Dra. Margarita B. Mata Acosta es Doctora en Pedagogía por la FFyL-UNAM. Sus líneas de investigación:  jóvenes-estudiantes-enseñanza. Es profesora de tiempo completo de la FFyL-UNAM.

Dra. Mónica Lozano Medina es Doctora en Pedagogía por la FFyL-UNAM. Sus líneas de investigación:  jóvenes-estudiantes y políticas educativas. Es profesora de tiempo completo de la UPN-Ajusco.

 Ambas son Coordinadoras del Seminario Interinstitucional de Educación Media Superior y Educación Superior.

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